El Proyecto de Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales
ha sido aprobado por el Pleno del Congreso.
Gracias a la norma impulsada por la Dirección General de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se castigará, por primera vez, el maltrato animal con más de un año de prisión y hasta 36 meses en caso de muerte.
La norma, prohíbe las peleas de gallos, el tiro al pichón, el uso de pinchos o collares que ahorquen, aparatos eléctricos que causen daños o llevar animales atados a vehículos a motor en marcha. Los zoológicos y delfinarios se irán reconvirtiendo progresivamente en centros de recuperación de especies autóctonas. Además, acaba con la comercialización de animales en las tiendas de mascotas y con su exposición al público con fines comerciales y la cría sólo podrá llevarse a cabo por criadores autorizados.
También se creará el Registro Nacional de Animales de Compañía y una Estadística Nacional de Bienestar Animal para contar con datos oficiales de abandonos, maltrato o adopciones. La identificación y vacunación de los animales de compañía serán obligatorias.
Además, el texto remitido por el Gobierno regula la participación de animales en ferias o actividades culturales como exposiciones. En este sentido, se requiere que los animales estén bien alimentados e hidratados, así como contar con un «espacio adecuado para refugiarse de las inclemencias climatológicas». En romerías o eventos feriados, los animales deberán presentar «un estado higiénico-sanitario óptimo y tener garantizados durante el transcurso de la actividad unos niveles óptimos de bienestar animal». Además, se prohíbe el uso de animales en este tipo de eventos «cuando se identifique un exceso de temperaturas» o «se haga uso de elementos pirotécnicos».
Por otro lado, la norma regula el control poblacional de todos los gatos comunitarios, «con el fin de reducir progresivamente su población manteniendo su protección como animales de compañía» y establece las funciones que, al respecto, tendrán las administraciones locales. También se regulan en el texto las actividades de cría, comercio, transporte, venta o adopción de animales.
Otro de los aspecto que refleja el texto es la obligatoriedad de que las personas propietarias de perros realicen un curso formativo con el objetivo de facilitar la correcta tenencia responsable del animal. En concreto, la norma estipula que las personas que convivan con animales de compañía tienen el deber de protegerlos y a tal efecto de «superar la formación de tenencia responsable reglamentada para cada especie de animal de compañía».
Tras su aprobación en Pleno, el proyecto de ley se remite al Senado, donde seguirá el procedimiento de debate en ponencia, comisión y Pleno, y se verá si hay algún cambio con respecto a los perros de caza o no.